Corría el año 2016 cuando Juan José Aranguren, al frente de la política energética del gobierno de Cambiemos, soñó con terminar con los subsidios a la producción gasífera trasladando la totalidad del costo de producción y la ganancia empresarial a los hogares argentinos. Se aprobó entonces la Resolución MINEM 212 - E/2016 de fecha 6 de octubre de 2016, que estableció un “sendero” ascendente del precio del gas en boca de pozo (la porción de la factura de gas que va desde los usuarios hacia las petroleras). Los usuarios pagaban por entonces menos de dos dólares el millón de BTU (unidad de medida internacional y que equivale a 27,8 metros cúbicos de gas) y se determinó que tres años después, en octubre de 2019, debían pasar a pagar U$S 6,80.
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